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¿Por qué cuesta tanto sistematizar la prevención del abuso de drogas en la escuela?

Evidencia y sistematización
La foto la hice en Castro Urdiales el 18 de enero de 2020

Según la última memoria del Plan Nacional sobre Drogas, 48.587 educadoras y educadores de los distintos niveles participaron el último año (2017) en programas de prevención. Entre estos programas encontraremos de todo: desde los que disponen de algún tipo de evidencia que los avala hasta los que resultan, sobre todo, intuitivos (que no quiere decir que no sean buenos, sino que no disponen de pruebas que lo corroboren). Por otra parte, si midiéramos el indicador “participación”, probablemente nos llevaríamos alguna sorpresa en cuanto a la fidelidad cuantitativa (tiempo de dedicación, número de sesiones realizadas con respecto a las previstas) y cualitativa (estilo metodológico de aplicación) con la que se concretan.

A quienes trabajamos en el campo de la prevención del abuso de drogas nos gustaría que todos los centros educativos de nuestro territorio se sumaran de manera entusiasta a los programas que les ofrecemos. Nos gustaría que todo el profesorado de cada centro se “implicara” a fondo. Y, por supuesto, que una vez tomada la decisión de participar, continuaran desplegando los contenidos previstos hasta agotarlos, y lo hicieran siguiendo a pies juntillas la metodología propuesta. ¿Ocurre así en la realidad? Me temo que la práctica real es, a menudo, bien diferente. Y, en cierta medida, es lógico que así sea. ¿Razones? Ahí van algunas:

  • desde diferentes instituciones públicas y organizaciones sociales se “lanzan” a los centros educativos programas relacionados con temas de diverso tipo: drogas, sexualidad, convivencia, uso saludable de internet, emergencia climática…;
  • programas diferentes, todos ellos de interés, que aterrizan en la escuela de manera más bien desordenada y reclamando su carácter prioritario;
  • en cada uno de estos temas puede darse la situación de que sean varios los programas auspiciados por diferentes entidades, que entran en competencia entre sí: la obra social de una entidad financiera, una asociación especializada, el ayuntamiento, el gobierno autonómico…;
  • por motivos relacionados con su financiación, los programas no siempre tienen ocasión de aparecer en el mejor momento, sino que lo hacen cuando buenamente pueden, siguiendo una lógica administrativa que, con frecuencia, choca con la lógica escolar;
  • en general, los programas preventivos que persiguen “implicar” al profesorado, incluyen propuestas formativas para asegurar que la aplicación de los programas responde con razonable fidelidad a la lógica conceptual y metodológica con la que están construidos; una formación que, a menudo, es difícil de materializar o de hacerlo al menos con la duración necesaria;
  • el mundo educativo está sometido a multitud de influencias, por lo que, aunque en un momento dado se decida avanzar con un determinado programa, no hay ninguna garantía de que esa motivación inicial no se vaya a ir disolviendo con el paso del tiempo para dar paso a otros asuntos (de no menor calado y proyección social);

Llevo mucho tiempo escuchando hablar de la necesidad de organizar, sistematizar, esta presencia en el aula de contenidos preventivos para dotarla de una mayor legitimidad que evite que su desarrollo dependa del azar. Buscando, además, nexos de unión con otros contenidos próximos con los que comparte sentido y metodología. Sospecho que me acabaré retirando sin que este proceso se lleve a cabo. Y, entretanto, los “preventólogos” seguiremos peregrinando con nuestras mochilas por los centros educativos de los municipios en los que trabajamos, tratando de “seducir” al profesorado con nuestras propuestas.

¿No hay algo que chirría en este modus operandi? ¿No hay cierto desajuste que va más allá de la evidencia científica de los programas y del modelo de “buena práctica” de los que tanto se habla? ¿No apela directamente al tipo de respuesta que las instituciones están dando a este asunto, y al modo en que se organiza?